MADRID. Un total de 44.841 inmigrantes ilegales fueron expulsados, devueltos a sus países de origen o se les impidió la entrada en España en 2001 al amparo de la Ley de Extranjería, año en el que se desarticularon 362 redes de tráfico de seres humanos y se detuvo a 1.223 responsables de estas tramas.

Los datos fueron expuestos ayer por el delegado del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración EnriqueFernández-Miranda en la Comisión de Justicia e Interior del Congreso de los Diputados.

Esa cifra de denegaciones de entrada, devoluciones y expulsiones ha ido paralela a las legalizaciones de inmigrantes y que ha supuesto que 31 de marzo haya en nuestro país un total de 1.243.919 extranjeros residentes legalmente, lo que supone ya el 3 por ciento de la población de España. El número de denegaciones de entrada, devoluciones y expulsiones en 2001 supone un notable incremento del 26 por ciento o cerca de diez mil más en cifras absolutas sobre las 35.476 registradass en 2000.

De esa cifra de 44.881, un total de 8.881 fueron denegaciones de entrada a extranjeros y retornos en los puestos fronterizos españoles frente a los 6.181 de un año antes. La mayor parte de las denegaciones de 2001 se produjeron en el aeropuerto de Barajas, seguido de los puestos fronterizos de Almería, Ceuta, Alicante y Barcelona. El mayor número de extranjeros retornados fueron colombianos, marroquíes y ecuatorianos.

Marroquíes

Las devoluciones (que se realizan sobre los detenidos procedentes de embarcaciones por ejemplo) en el año 2001 fueron de 22.984 casi el mismo número que en 2000 (22.716). La gran mayoría de estas personas eran marroquíes (21.706), seguidos de argelinos y nigerianos. En cuanto a las expulsiones, se dictaron 12.976 frente a las 6.579 del año 2000 con la anterior ley y las 20.103 de 1999. También fueron marroquíes el mayor número de personas expulsadas en 2001.

En cuanto al número de personas que entran en España haciéndose pasar por turistas, Fernández-Miránda resaltó la dificultad de conocerlo ya que no se pueden hacer discriminaciones entre los que llegan «y no vamos a ir a la caza de las personas extranjeras por las calles». Frente a estos datos, Fernández-Miranda expuso la otra cara de la moneda que se refiere al fomento de la inmigración legal y su integración. Una vez procedido a las regularizaciones, que ya no habrá más, dijo, esta la inmigración legal sólo se canalizará mediante el contingene anual, los convenios internacionales de flujos y la regrupación familiar.

Respecto al contingente, para este año se ha asignado un cupo de 32.079 ofertas de empleo, de las que 10.884 son de carácter estable y 21.195 de temporada. A 9 de abril ya se había asignado el 75,45 por ciento de los puestos estables y el 36 por ciento de los temporales.

Fernández-Miranda explicó que también se está luchando contra la explotación de los inmigrantes y el año pasado la Inspección de Trabajo impuso sanciones por 6.120 millones de pesetas. Como ejemplo de la integración de los inmigantes legales resaltó que a 31 de marzo estaban dados de alta en la Seguridad Social 675.410. A esa fecha había ya 102.595 extranjeros demandantes de empleo en el INEM, el 8 por ciento del total inmigrantes legales.

La comparecencia del delegado del Gobierno fue critida por el grupo socialista, que puso de relieve que no se estaba presentando la debida asistencia ni información a los extranjeros en Tarifa y Algeciras a efectos de asilo o refugio, lo que fue negado por Fernández-Miranda quien dijo que en España son respetadas escrupulosamente las leyes.