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De 132 años de cárcel a una pena de cuatro años y cuatro meses de prisión. Es la condena final que la Audiencia Nacional ha impuesto a Amanda Cerezo, la anarquista que el 24 de mayo de 2003 causó heridas a nueve trabajadores de Correos de Valencia al estallar una carta bomba que envió contra la sede de España 2000. Según el tribunal, «no buscaba subvertir el orden constitucional y, al no ser un acto terrorista, debe calificarse como lesiones y daños con explosión e incendio».

Cerezo, que fue arrestada por la Policía Nacional el 7 de julio de 2003, ingresó en prisión preventiva durante la instrucción del caso. Sin embargo, como confirmaron fuentes de Instituciones Penitenciarias, «se encuentra en libertad desde julio de 2005». Esos dos años que permaneció entre rejas serán descontados de la condena de cuatro años y cuatro meses, con lo que, en la práctica, su pena real será de algo más de dos años.

Eso si no hay recurso ante el Tribunal Supremo. Como explicó ayer su abogado, Endika Zulueta, existe un plazo de cinco días hasta que la sentencia sea firme y, por tanto, se ordene de nuevo su ingreso en prisión. «En este tiempo decidiremos si recurrimos o no la sentencia», aseguró el letrado.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó para ella 132 años de prisión al considerar los delitos como terrorismo. Durante el juicio, en octubre, la acusación defendió que la explosión de Correos supuso nueve tentativas de asesinato. También acusó a Cerezo de varios ataque incendiarios a una excavadora, un cajero automático y la sede del Instituto de Formación Profesional de El Cabanyal.

La joven valenciana confesó ser autora de la carta bomba y achacó estos hechos a que entonces «llevaba una vida loca». Se mostró arrepentida y dijo que había cambiado tras su estancia provisional en la cárcel de Picassent, que abandonó «porque las acusaciones no solicitaron una prorroga de dos años», como puntualizó Zulueta.

La condena de la Audiencia se fundamenta en la declaración de la acusada. Considera que, si bien Cerezo envió el paquete con la finalidad de que explotase y causara daños, su intención no era que fuesen letales. La sentencia añade que ni Cerezo ni su entonces novio, condenado a ocho meses de cárcel por los ataques incendiarios, «pertenecían a grupos terroristas ni colaboraban con ellos». Según el tribunal, no hay prueba de que perpetraran «acciones permanentes de esta naturaleza, lo que las convierte en aisladas o esporádicas».

La Audiencia Nacional cree que los hechos cometidos en Correos fueron «graves, pero no lo bastante para convertir la acción en terrorista, pues existiría el riesgo de caer en un concepto extensivo de terrorismo que incluyese cualquier delito grave vinculado a la política».

Sólo un juez discrepa de estas consideraciones. En su voto particular, el magistrado Nicolás Poveda recuerda que el envío de la carta-bomba coincidió con la jornada de reflexión de las elecciones municipales en todo el país.

Poveda destaca que la misiva iba dirigida contra una formación política que intervenía en las elecciones, España 2000, a la que Cerezo consideraban contraria a su ideología. «En este marco de hechos, entiendo, frente al parecer de la mayoría, que nos encontramos ante una actividad tipificada como terrorista», añadió el discrepante.

Por contra, el líder de España 2000, José Luis Roberto, reconoció ayer sentirse «alegre» tras conocer la inmensa rebaja de la pena para la anarquista. «La pena que pedía el fiscal siempre me ha parecido excesiva para lo que ocurrió. Si la carta hubiera llegado a su destino y me hubiera causado daños ya sería otra cosa. Supongo que serán los trabajadores de Correos los que no están tan satisfechos. Ellos fueron los que realmente sufrieron la explosión», estimó Roberto.