Página Oficial de España2000 | España 2000 partido político español

El Govern de Catalunya acaba de aprobar un proyecto de ley que elimina la obligación de sus ayuntamientos de reservar espacios destinados a los centros de culto.

Esta medida limita el derecho a la libertad ideológica, religiosa y de culto y otorga un gran poder a los alcaldes sobre un derecho constitucional, que puede ser muy peligroso en las manos de los más de 40 consistorios donde la xenófoba Plataforma per Calalunya (PxC) tiene representación.

La norma obliga a los nuevos centros a adaptarse a unas determinadas características «arquitectónicas, culturales, de tradición, históricas y de impacto sobre los elementos artísticos». ¿Significa que están prohibidos los minaretes y arcos en las mezquitas o iglesias evangélicas porque no armonizan lo suficiente con el entorno o porque no tienen en cuenta la tradición e historia del municipio? Un escenario idóneo en el que PxC ya ha comenzado a actuar. Lo hizo a finales de agosto en Salt, donde manifestaron en el pleno que su formación «no quiere mezquitas ni en Salt ni en todo el suelo catalán» y acusaron al alcalde de CiU de querer convertir Salt en «una ciudad mora» y en «la nueva meca del islamismo más radical», siendo su partido el único capaz de «pararlo».

Aquí, en Valencia, España 2000 decidió en su Junta Nacional del mes julio, la constitución de una comisión para captar el electorado antiinmigración. Para ello, declaró «reforzar la preparación de su militancia y la imagen de su opción política que aseguran no ser extrema derecha», sino «una alternativa que defiende la identidad nacional y sostiene un programa regeneracionista». Es más, iniciaron una recogida de firmas en Silla para que no se edificara una mezquita y lanzaron la campaña con el título «¿Mezquitas? ¡No en mi país!» con el argumento de que existe «un rechazo unánime de la población a la presencia de centros de adoctrinamiento y culto, y mucho más en la medida en que están promovidos por países islámicos en los que no existe reciprocidad para otras confesiones religiosas y construidas en terrenos públicos cedidos por los ayuntamientos».

Su Junta Nacional recuerda que España «no es tierra para la expansión del Islam y exige a la inmigración su asimilación a las costumbres y hábitos de nuestro país». Entonces, ¿qué hacemos en la Comunitat con las más de 1.500 entidades religiosas registradas y todos los fieles que profesan casi una quincena de religiones?

¿Y con los derechos de los 300.000 evangélicos, 200.000 ortodoxos, 150.000 islámicos o 40.000 anglicanos? Con el telón de fondo de la crisis económica y con un estado de opinión negativo hacia la inmigración y el Islam como religión, las instituciones democráticas no pueden eludir la respuesta efectiva hacia un derecho básico que asegura la paz y la convivencia social. Estos conflictos no se solucionan a través de medios impositivos y amenazas sino con diálogo y entendimiento. Para ello, es necesario proteger este derecho constitucional, el de la libertad de religión, frente ataques que proceden tanto del Parlament catalán como de partidos políticos, con el fin de evitar que el odio se instale en nuestra sociedad. No podemos seguir encubriendo a aquellos que lo incitan, sea con la excusa de la religión, la seguridad ciudadana o la inmigración.

www.levante-emv.com