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La provincia de Madrid y Alcalá de Henares en particular han sufrido el mayor atentado terrorista de la historia de España, las bombas en los trenes del 11 de marzo.

Estos hechos ya fueron juzgados y sentenciados, y lo cierto es que durante todo este tiempo han existido, no solo dudas razonables sobre los autores materiales e intelectuales, también ha habido aspectos que nunca se han aclarado y que afectan de manera directa a nuestra ciudad, como por ejemplo, la llamada que recibió este Ayuntamiento, en la que se informaba de la colocación de artefactos explosivos en este edificio, en la estación de autobuses y en una notaría dando un plazo de veinte minutos para desalojar los inmuebles, lo que motivó el desplazamiento de los medios de comunicación y numerosas unidades policiales obligando al desalojo de dichos edificios y a la evacuación de cientos de personas.

En esos momentos de confusión en que los medios de comunicación y la población estaban “distraídos”, dos coches patrulla, se personaban en la C/ Infantado para inspeccionar una furgoneta Kangoo aparecida junto a la tapia del colegio Daoiz y Velarde, y en la que, tras una primera inspección, no encontraron nada sospechoso en ella, hallazgo que dio un giro completo a las investigaciones sobre los atentados.

La llamada recibida aquí nunca se investigó y ni siquiera fue incluida en el sumario.

También hay que señalar que del transporte de la furgoneta Kangoo a las dependencias policiales de Canillas se encargó una grúa municipal.

Una vez llegada la grúa, los dos empleados municipales procedieron a tratar de subir la furgoneta a la grúa, sin embargo, la furgoneta tenía una marcha metida, por lo que hubo que romper el precinto policial y entrar en el vehículo por el portón trasero, después de forzarlo con una palanqueta.

Durante aquellos minutos, los operarios de la grúa municipal estuvieron en el interior de la furgoneta a la que nadie debía acceder.

Una vez en marcha tardaron en llegar a Canillas unos 20 minutos.

Llegados al complejo policial, les hicieron llevar la furgoneta a un hangar situado junto a las oficinas de la Unidad Central de Desactivación de Explosivos.

Una vez descargada la furgoneta, volvieron hacia Alcalá. En total, pasaron en Canillas no más de un cuarto de hora. El turno del conductor de la grúa finalizaba a las 15:00, así que estaba ansioso por llegar a su base, cosa que hicieron a las 15:15.

Sin embargo, los informes oficiales nos decían que la furgoneta llegó a Canillas a las 15:30, pero en realidad la grúa ya estaba de vuelta en Alcalá quince minutos antes de esa hora.

Es por estos datos, además de por las víctimas, que Alcalá de Henares y en concreto su ayuntamiento están directamente ligados al atentado del 11-M y esto hace que el ayuntamiento y su corporación sean los principales interesados en que todos estos aspectos queden esclarecidos.

Pero es que, además, durante estas últimas semanas están apareciendo nuevas pruebas, nuevos datos, nuevas informaciones y se están confirmando falsos testimonios, como los descubiertos estos últimos días por el periódico El Mundo, que ha desvelado como a cambio de dinero y de la concesión de la nacionalidad se admitieron testimonios que sirvieron para imponer 40.000 años de cárcel al único condenado por poner una bomba el 11-M: Jamal Zougham.

Son muchas las voces que piden tras conocer estos últimos detalles la reapertura del caso del 11M, el Sindicato Unificado de la Policía en un reciente comunicado reconoce que “hubo errores con los testigos y por lo tanto que pueda haber un condenado que sea inocente, lo único decente que cabe, ante las evidencias publicadas, es pedir que se repita el juicio”.

Rosa Díez, diputada y líder de UPyD, ha manifestado:

“Hay suficientes indicios para reabrir el sumario del 11M”.

Aina Díaz, miembro del Consejo Político Federal de Izquierda Unida, también ha pedido la reapertura del caso.

Asociaciones de víctimas han manifestado en diversas ocasiones que el caso se debe reabrir.

El PSOE se hartó de repetir los días posteriores al atentado que no nos merecíamos un gobierno que nos mienta, suponemos que lo que buscaban era la verdad y tras estos últimos datos la verdad oficial queda más que entredicha.

El PP estuvo durante años repitiendo “queremos saber la verdad”, bien pues ahora se tiene la oportunidad de ser consecuente y cumplir con la palabra dada.

Y amparándonos en la Ley y en virtud de los artículos 954, apartados 3 y 4, y 958 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que dicen:

Artículo 954. Habrá lugar al recurso de revisión contra las sentencias firmes en los casos siguientes:

3-Cuando esté sufriendo condena alguno en virtud de sentencia, cuyo fundamento haya sido un documento o testimonio declarados después falsos por sentencia firme en causa criminal, la confesión del reo arrancada por violencia o exacción, o cualquier hecho punible ejecutado por un tercero, siempre que los tales extremos resulten también declarados por sentencia firme en causa seguida al efecto. A estos fines podrán practicarse todas cuantas pruebas se consideren necesarias para el esclarecimiento de los hechos controvertidos en la causa, anticipándose aquellas que por circunstancias especiales pudieran luego dificultar y hasta hacer imposible la sentencia firme, base de la revisión.

4-Cuando después de la sentencia sobrevenga el conocimiento de nuevos hechos o de nuevos elementos de prueba, de tal naturaleza que evidencien la inocencia del condenado.

Artículo 958. En el caso del número 3 del referido artículo, dictará la Sala la misma resolución, con vista de la ejecutoria que declare la falsedad del documento, y mandará al Tribunal a quien corresponda el conocimiento del delito, instruir de nuevo la causa.

En el caso número 4 del citado artículo, la Sala instruirá una información supletoria, de la que dará vista al Fiscal, y si en ella resultare evidenciada la inocencia del condenado, se anulará la sentencia y mandará, en su caso, a quien corresponde al conocimiento del delito instruir de nuevo la causa.